Si bien se trata de una de las fechas más importante de la Historia de España, la mayoría de los españoles la tenían prácticamente olvidada desde hace tiempo hasta que el sectarismo social-comunista-separatista la ha vuelto a recuperar por mor de la desmemoria histérica (hoy más viva que nunca gracias a la complicidad cobarde y traidora del centro-reformismo-liberal-progresista del PP), tal vez como intento último de ganar una guerra que, a Dios gracias, perdieron. Pues bien, ya que se empeñan en que se hable de ella, hablaremos. Y lo haremos (encantados además) desde el rigor histórico, no desde el sectarismo característico de la izquierda (anti) española.
Para entender el Alzamiento Nacional del 18 de julio de 1936 hay que, inevitablemente, referirnos a los orígenes y las causas del hecho histórico:
El orígen más remoto (por no remontarnos al nefasto siglo XIX, verdadero germen y raíz de todo lo que vino después) lo encontramos en la proclamación de la II república. El primer intento de dicha proclamación tras el Pacto de San Sebastián de la llamada conjunción republicano-socialista (y del que jamás se habla en ambientes "progresistas") fue el frustrado golpe de estado contra la Monarquía de Alfonso (XIII) de los capitanes Galán y García Hernández a las órdenes del Comité Revolucionario, compuesto por muchos de los que luego serían miembros de los distintos gobiernos republicanos. No se puede considerar un hecho democrático precisamente. La definitiva proclamación se conseguiría a través de unas elecciones municipales en las que ganaron abrumadoramente las candidaturas monárquicas a nivel general pero en las que los republicanos triunfaron en las grandes capitales. Esto motivó un ambiente derrotista en las filas monárquicas que acabaron, incomprensiblemente, entregando el poder a los republicanos. El origen de la república no fue por tanto legítimo ni democrático por cuanto los republicanos no ganaron ningunas elecciones ni en aquellas elecciones municipales se decidía ningún cambio de régimen. Es un hecho que la república, una vez instaurada, jamás publicó oficialmente los resultados electorales de 14 de abril de 1931.
Contrariamente a lo que la izquierda de hoy nos quiere vender, la república jamás fue democrática: al mes escaso de su proclamación, el 11 de mayo, se iniciaron las quemas de Conventos e Iglesias en toda España sin que el gobierno y los dirigente republicanos movieran un solo dedo, se promulgaron leyes totalitarias como la tristemente famosa "Ley de defensa de la república" que suspendía, de facto, las garantías constitucionales, se procedió arbitrariamente a la censura, se suspendían y cerraban periódicos, se detenía a gente sin garantías judiciales... Pero la prueba más palmaria se dio tras las elecciones de 1933 que dieron el triunfo al centro-derecha: las izquierdas no aceptaron el claro triunfo electoral y se alzaron antidemocráticamente contra el gobierno legítimo de la república en la conocida como Revolución de Octubre de 1934 (que significó, entre otras cosas, el asesinato de 34 religiosos y la quema de 58 templos, voladura de la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo incluída) , al tiempo que en Cataluña, la Generalidad también se alzaba en armas y proclamaba el "Estat Catalá", con el objetivo de independizarse de España. Finalmente, las elecciones de febrero de 1936 también serían un ejemplo de antidemocratismo, en las que los líderes de la izquierda proclamaban a bombo y platillo que, de perderlas, no aceptarían el resultado electoral:"(...) si triunfan las derechas nuestra labor habrá de ser doble, colaborar con nuestros aliados dentro de la legalidad, pero tendremos que ir a la Guerra Civil declarada. Que no digan que nosotros decimos las cosas por decirlas, que nosotros lo realizamos”. Largo Caballero, 19-01-1936 en un acto electoral en Alicante, y recogido en El Liberal, de Bilbao, 20-01-1936.
El Frente Popular ocupó el poder antes de celebrarse la segunda vuelta de las elecciones sin conocer realmente el resultado porque jamás se supo. Lo que sí se sabe es que conquistó el poder por la fuerza, por el pucherazo más escandaloso y por la ilegal anulación de gran número de actas de diputados derechistas, como por ejemplo todas las de Granada y Cuenca, tres de Salamanca y una de Burgos, tal y como relata Gil Robles en su libro "No fue posible la paz". Una vez conformado el Congreso se anularían muchas más. El propio presidente de la república, Niceto Alcalá Zamora, escribiría en el Journal de Génevè el 17 de enero de 1937 que el FP había conseguido la mayoría absoluta "violando todos los escrúpulos de legalidad y de conciencia (...) sin esperar el fin del recuento del escrutinio y la proclamación de los resultados (...) desencadenó en la calle la ofensiva del desorden, reclamó el poder por medio de la violencia (...) A instigación de dirigentes irresponsables, la muchedumbre se apoderó de los documentos electorales; en muchas localidades los resultados pudieron ser falsificados (...) Reforzada con una extraña alianza con los reaccionarios vascos, el Frente Popular eligió la Comisión de validez de las actas parlamentarias, la que procedió de una manera arbitraria. Se anularon todas las actas de ciertas provincias donde la oposición resultó victoriosa; se proclamó diputados a candidatos amigos vencidos. Se expulsó de las Cortes a varios diputados de la minoría". Más tarde declararía: "¿Cuántas actas falsificaron? El cálculo más generalizado de las alteraciones postelectorales las refiere a ochenta actas". Recientemente ha aparecido un libro "1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular" en el que, con documentos originales, se demuestra el falseamiento electoral y por tanto la ilegitimidad de aquellas elecciones.
A partir de la toma del poder por el Frente Popular (coalición de fuerzas republicanas, socialistas y comunistas, en alianza con separatistas de toda laya) se acabó definitivamente la convivencia en España. Lo primero que hizo el gobierno fue abrir las cárceles y sacar a todos los encausados por la Revolución de Octubre (incluídos presos comunes), los patronos se vieron obligados a readmitir a los asesinos de sus familiares, el FP restableció en sus funciones a las instituciones catalanas que se declararon rebeldes y separatistas en octubre de 1934, se legalizaron ocupaciones ilegales y revolucionarias de fincas, se jubila arbitrariamente al Presidente del Tribunal Supremo y se traslada forzosamente a magistrados y fiscales..... Todo esto culminaría con la destitución ilegal del Presidente de la república, en un claro golpe de estado encubierto.
El caos y la anarquía reinaban por doquier. España vivía bajo el estado de alarma. Las milicias callejeras armadas y organizadas por socialistas y comunistas campaban a sus anchas, sembrando el terror por donde pasaban, siendo contrarrestadas tan sólo por los bravos requetés carlistas y por un pequeño partido, Falange Española, que defensivamente contraatacaba. La anarquía en los campos y las fábricas era total: asaltos, destrozos, palizas, huelgas salvajes, incendios de Iglesias y cierre de colegios católicos, gran número de muertos, ilegalización de partidos derechistas y detención de miles de sus militantes... En la sesión parlamentaria del 16 de junio de 1936 el líder de la CEDA, Gil Robles, presentó un informe sobre los desórdenes ocurridos desde las elecciones que incluía 170 iglesias incendiadas, 251 intentos fallidos de quema de iglesias, 269 muertos y 1.287 heridos por asesinatos políticos y choques callejeros, 133 huelgas generales, y 218 parciales.
Y ese ambiente de preguerra civil en la calle se extendió al Congreso de los Diputados. Gil Robles relata en su libro las muestras de hostilidad y las expresas amenazas de muerte que recibieron en las Cortes y en la prensa del FP los líderes de la derecha, en especial él mismo y Calvo Sotelo: "Pensando en su señoría encuentro justificado todo, incluso el atentado personal que le prive de la vida", le espetó el diputado Ángel Galarza a Calvo Sotelo en el Congreso. Los diputados de derecha respondían con valor y dureza pero jamás iniciaron ellos ese tipo de dialéctica. Finalmente ocurriría el asesinato, verdadero crimen de estado, del diputado monárquico Calvo Sotelo. Fue la prueba definitiva de que no se podía seguir así ni un minuto más.
Como escribe Pío Moa: "Según la versión predicada por las izquierdas, se trató de un golpe militar contra un gobierno legítimo y democrático, salido de las urnas. En tal caso deberíamos considerar legítimas unas urnas cuyos votos nunca se publicaron oficialmente, y cuyos parciales recuentos transcurrieron, como consigna Azaña, en una situación en la que "Los gobernadores de Portela habían huido casi todos. Nadie mandaba en ninguna parte, y empezaron los motines". Habría que considerar democrático un Frente Popular constituido por quienes habían intentado golpes de estado cuando perdieron las elecciones de 1933 y en octubre de 1934 se habían alzado en armas contra un gobierno, aquél sí, democrático y salido de las urnas recontadas con normalidad. Habría que considerar legítimo un gobierno que ni cumplía ni hacía cumplir la ley, amparaba un sangriento proceso revolucionario abierto y cometía él mismo un rosario de ilegalidades culminadas en el secuestro y asesinato del jefe de la oposición Calvo Sotelo y la brutal represión inmediata contra quienes protestaban".
Ante el clima ya francamente revolucionario que primaba en toda la nación no cabía otra salida que el alzamiento de la "media España que no se resigna a morir" en frase de Gil Robles. El 18 de julio no fue pues un alzamiento militar, o únicamente militar, sino cívico-militar y popular, de media España cansada y harta de no poder vivir en paz y en libertad, y con miedo cierto y lógico a que la revolución violenta y fanática barriese a la sociedad y a la Iglesia. Fue un auténtico acto de liberación que salvó a España de caer en las garras del comunismo y convertirse en un satélite más de Moscú y la URSS. Fue una causa justa de carácter religioso (no olvidemos la brutal persecución religiosa ya desde 1931) y patriótico para evitar que España, su unidad, su esencia histórica, su identidad, su Tradición, sus costumbres... desaparecieran para siempre, en la búsqueda de una España mejor y más justa. Esto y no otra cosa fue el 18 de julio. Un acontecimiento inevitable y necesario. Su fracaso parcial conduciría a la guerra civil, cuya responsabilidad máxima ante la historia recae en la izquierda (anti) española, esa misma que, 80 años después, trata de revivir viejos rencores y de dividirnos, una vez más, a los españoles. No olvidemos esto porque, como dice el viejo dicho, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla.
